PROYECTADA MACROPLANTA DE PRODUCCIÓN DE CÁNNABIS MEDICINAL EN PORTUGAL

¿Excesivamente quisquillosos? ¿Un poco pesados con esto de la prudencia y de las advertencias? Lamentamos, de veras que lamentamos que los acontecimientos no desacrediten nuestros temores y sí que los confirmen y los aumenten.

Much@s de vosotr@s conoceréis la noticia de que una empresa acaba de obtener la concesión del gobierno portugués para producir cánnabis en el norte del país, en la mayor plantación de marihuana de la península ibérica (ver) Se trata de la multinacional canadiense Tilray, que hará una inversión de 20 millones de euros y desarrollará una planta de procesamiento industrial y purificación del cánnabis con fines medicinales, con un invernadero de 10.000 metros cuadrados, una nave de procesamiento de 1.500 metros cuadrados y un laboratorio y un banco genético, y que prevé una producción en 2018 de 62 toneladas.  

Veamos además el perfil de la empresa. Tilray es propiedad de Privateer Holdings, una corporación participada a su vez por Founders Fund, fondo de capital riesgo regentado por Peter Thiel y otras figuras de Sillicon Valley. Thiel fue fundador de PayPal y se sienta en el consejo de administración de Facebook, compañía de la que fue uno de sus primeros inversores.

Uno de los productos estrella de la empresa es la Marley Natural, una marihuana desarrollada en colaboración con Cedella Marley, hija del mítico Bob Marley, que actualmente sólo se comercializa en California. Lamentable utilización, sin duda, del legado del gran músico jamaicano. Es obvio que todo lo que toca el capitalismo lo convierte, no en mercancía (algo que existía antes y que existirá después de este sistema), sino en producto del que obtener un beneficio monetario; es decir, en vehículo para que unos grupos aumenten su poder respecto a otros según una práctica crematística, no económica.(1)

Hace unos días publicamos información acerca de Alcaliber, única empresa “española” (privada…) autorizada para producir opio para uso farmacéutico (en España se produce casi un tercio del opio farmacéutico mundial). Apuntábamos que la catadura de la empresa quedaba reflejada en hechos como que su presidente, Juan Abelló, fue socio de Mario Conde y que Hacienda detectó un fraude de tres empresas suyas por el que se dejaron de pagar millones de euros en impuestos. Esta empresa, que reporta tasas de rentabilidad por encima de la media del IBEX 35 y que, ¿paradójicamente?, es parte del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción fue la que obtuvo el año pasado la licencia para la producción legal de cánnabis en España (previendo el momento en que su uso terapéutico sea legalizado) y se propone ser líder mundial de producción de dicha planta.

Ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, y manifestado en cuántos debates hemos participado, que el hecho aparente de que el batallón neoliberal, integrado por asociaciones de ex-presidentes,(2) por medios como The Economist o personajes como George Soros o Milton Friedman, esté a favor de la regulación de las drogas ilegales es un fraude; que esa propuesta, en realidad, sólo se circunscribe al cánnabis y no a otras sustancias en las que los beneficios económicos están muy centralizados, como la cocaína o los derivados del opio (tanto en su venta ilegal como en la de los sucedáneos de farmacia que lo sustituyen) y que les interesa que el cánnabis sea legal, no por ninguna razón que tenga que ver con el respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y colectivos, sino, de nuevo, por puro beneficio “económico”.

En este sentido hemos debatido repetidamente con las posturas ingenuas que sustentan las declaraciones (falsamente) antiprohibicionistas de los postulados más neoliberales y celebran la regulación se haga como se haga, y también las que potencian la mirada exclusivamente centrada en “yo quiero consumir cánnabis y quiero que sea legal” sin atender a ninguna otra consideración.

También hemos polemizado con quienes apoyan la regulación con argumentos trampa; por el uso de éstos (bienintencionadamente, en la mayoría de los casos) y aunque en muchas ocasiones estemos de acuerdo en el fondo del asunto.  Con el término “trampa” nos referimos a que las propuestas reguladoras en ningún modo se deben basar en la baja toxicidad o peligrosidad de los distintos productos obtenidos de las innumerables variedades de la planta del cánnabis. Afirmar que el cáñamo debe ser legalizado por su menor peligrosidad respecto a otras sustancias supone una confusión de términos que desvía el debate del foco adecuado, esencialmente porque implica dar credibilidad a la premisa de la prohibición (de “la guerra contra las drogas”) de que las sustancias legales lo son por ser menos peligrosas o potencialmente dañinas y las ilegales ostentan esa condición exactamente por lo contrario. Esto es evidentemente falso, y tal falacia ha sido desmentida con contundencia por cuanto estudio serio se ha acercado al tema sin un interesado sesgo.

La diferente situación legal de unas sustancias obedece a motivaciones económico-políticas que en absoluto tienen que ver con la declarada protección al bien jurídico de la salud pública. Las maniobras políticas que han conducido al actual régimen global lo demuestran bien a las claras (aunque aquí no podemos extendernos en la demostración) y, por ejemplo, las contradicciones de la propia JIFE con la normativa elaborada por ella misma o los malabarismos terminológicos (hablar de “drogas tóxicas”, “psicotrópicos”, “estupefacientes”, “narcóticos”, etc.) para separar las legales, incluyendo por supuesto las de farmacia, de las ilegalizadas, no tiene la más mínima base científica que los avale.

Retomando la idea de la peligrosidad, debemos constatar que si efectivamente la protección a la salud pública es el aspecto determinante para construir una regulación, cuanto mayores son los riesgos de una sustancia, mayor razón para que ésta sea legal; para que esté despenalizada y así su consumo se produzca del modo más controlado posible, sea asesorado por personal especializado y, por supuesto, para que existan los debidos controles de pureza y calidad.

Por supuesto, nosotr@s defendemos la necesidad de una regulación del cánnabis, pero, y por citar tan sólo algunos aspectos generales, entendemos que ésta debe incluir un polo de producción pública debidamente incardinado con productor@s individuales, clubes, cooperativas y otras figuras de economía social, preferentemente de ámbito local, que prioricen el producto ecológico y de proximidad para cubrir las demandas de los y las consumidoras.

La comercialización del cánnabis se debería realizar a partir de los preceptos de una adecuada política pública, por lo que las diferentes administraciones, estatales, comunitarias y locales tendrían que velar por la calidad del producto y por la salud de las personas usuarias. Dichas administraciones se deberían comprometer a impedir las prácticas de las grandes corporaciones depredadoras, y la venta del cánnabis debería desvincularse del “libre” mercado y de las premisas comerciales capitalistas. Entre otros aspectos, se debería restringir la publicidad de cualquier producto elaborado con cánnabis.

Este debate exige mucho más espacio y tiempo del que le podemos dedicar aquí. Evidentemente celebramos iniciativas como la del Grupo GEPCA y su propuesta de regulación, con la que mantenemos algunas diferencias pero que, entendemos, supone una base suficientemente sólida para trabajar y mejorar a través del debate.

Lo dejamos aquí por el momento, con un apunte final más bien indignado, eso sí. Ahora que se cambia de discurso; ahora que se da entrada a que el cánnabis lo produzcan y vendan las multinacionales… ¿qué sentirán todas las personas, innumerables, que han sido vejadas y encarceladas por cultivar sus propias plantas o por vender (a quienes lo querían comprar, no se olvide; un crimen sin víctimas y auténtica aberración jurídica…) cantidades ridículas de marihuana o una simple china de hachís? Ahí lo dejamos. Seguiremos debatiendo y tratando de que la futura e inevitable regulación sea lo más justa posible.  

 

(1) Sabemos que bajo dominio del capital el término“económico” se mantiene pero no la función. Ese “oiko nomos”, las normas de gestión de la casa y, por extensión, de la sociedad, se convierte en buena medida en“crematística”, “el “arte” de acumular riquezas”…para algun@s, claro. Bajo condiciones capitalistas de producción hablamos, por tanto, de un poco de “economía” y un mucho de “crematística”.

(2) Con representantes como Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia, o también el ínclito Felipe González. Todos ellos, ya fuera del cargo, han pedido una alternativa a la “guerra” y se ha declarado a favor de la despenalización. Por supuesto, en ejercicio de sus anteriores funciones, todos ellos profundizaron dicha guerra (y otras…) En el caso hispano, el PSOE utilizó ciertos eslóganes de cambio en materia de drogas antes de 1982 pero luego, (como en el resto de los asuntos, por lo demás…), siguió fiel a las políticas que marcaba Washington.

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